La AEPD pide extremar la precaución al tratar datos sobre aborto

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido el martes tratar los datos relativos a mujeres que se han sometido a interrupciones voluntarias del embarazo con la máxima cautela y acceso limitado, en un informe solicitado por el Ministerio de Justicia.

El presidente del organismo, Artemi Rallo, explicó que Justicia les había encargado un estudio sobre los límites del acceso a datos relativos a abortos, que por su condición de datos sanitarios y teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales que su conocimiento por parte de terceros puede ejercer en la esfera privada de la paciente, son “muy sensibles” y están “especialmente protegidos”.

La petición, que está dirigida a la aprobación de algún tipo de normativa que refuerce la protección al acceso a estos datos, se produce a raíz de una serie de noticias aparecidas en medios de comunicación sobre mujeres que han sido citadas a declarar en investigaciones policiales. El informe solo aborda temas generales.

Los datos contenidos en los archivos de las clínicas abortivas (como en otros centros clínicos), según la Ley de la Protección de Datos, pueden consultarse por razones de interés público -para prevención, diagnóstico médicos, por ejemplo - y también pueden acceder a ellos las autoridades judiciales o de las fuerzas de seguridad en el transcurso de una investigación.

“(Estos) Tienen que hacer un uso adecuado, pertinente y no excesivo de la información que manejan”, indicó Rallo.

La AEPD ha iniciado una investigación cuyo resultado se conocerá en unas semanas a raíz de la aparición en unos contenedores de restos y datos que podrían pertenecer a pacientes de una clínica abortista en Madrid.

Sin embargo, la AEDP no ha iniciado una investigación sobre las citaciones a declarar - algunas mujeres alegan que familiares suyos se habían enterado de que habían abortado por la misma - porque no hay suficientes datos, aunque se podría abrir a petición de un particular que considere que se han vulnerado sus derechos.

“La utilización que pueda estar haciendo de esos datos cualquier poder público que tenga una habilitación legal como pueda ser el caso está limitada (…) y comunicar esa información personal a terceros sin el consentimiento de esa persona, obviamente, constituye una mala práctica infractora de la normativa de la protección de datos “, dijo Rallo ante la insistencia de los periodistas.

Fuente: www.swissinfo.ch